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HERRAMIENTAS

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Licencia para matar
Por José Luis Zamora
Publicado digitalmente: 10 de junio de 2005
Se cumplieron cuatro años en los que, cada día que conformó ese período, para Carla Lacorte el más importe, el más esperado fue el pasado 10 de noviembre de 2004, porque soñaba con que se hiciera justicia. El sello final a tanto sufrimiento, a tanta expectativa, a tanta esperanza para comenzar a creer en un futuro inmediato. Pero no, mataron nuevamente su sueño. Comprobó, que la justicia argentina en su caso, se borró. Y se sintió, una vez más herida, desamparada. Y sola, muy sola. Desde el año 2001, una bala policial bonaerense, en una calle de Quilmes, mató su primer sueño. Vivir junto a su marido proyectando sus vidas normalmente, como cualquier otra pareja que estudia, trabaja y construyen juntos un porvenir. Nada más simple. Un derecho natural para cualquier persona. Pero ella está condenada a vivir en una silla de ruedas. Parapléjica. Para ella no hubo piedad, ni justicia porque ese día la frase retumbó entre las cuatro paredes de la sala de audiencia del Tribunal Oral N° 3 como un latigazo cargado de burla en la cara de Carla: “Queda acreditado que el balazo que hirió a Lacorte fue accidental”. Impunidad al gatillo fácil. En otras palabras: “Licencia para matar”.

Los Hechos.

El enfrentamiento. El 1° de junio de 2001, Carla Lacorte iba en camino a su casa en un colectivo, volvía de una jornada en la facultad de veterinaria de la UBA. Descendió en la esquina de Mitre y Brandsen encaminándose por la primera hacia calle 25 de Mayo, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Ajena a lo que ocurría a su alrededor, a escasos metros de donde se encontraba, dos grupos antagónicos en este caso, similares en otros, provocarían a su vida un giro abrupto e inesperado de 180 grados. En un local de comidas rápidas ubicado dentro de la estación de servicio de Brandsen y Mitre, cuatro delincuentes cometen un asalto. Tres de ellos entran al local, mientras que el restante quedó al volante del Peugeot 206 con el que habían llegado. Uno redujo al vigilador y los otros dos se dirigieron a las cajas registradoras de atención al público. Ante la imposibilidad de poder abrirlas, decidieron arrancarlas del mostrador y escapar. En la estación de servicio había tres policías de civil cargando combustible a un Fiat 147. Pertenecían a la comisaría 6ta de Ezpeleta. Se encontraban fuera de su jurisdicción. De igual manera, el oficial José Ignacio Salmo, el inspector Jorge Pagano y el inspector ayudante Maximiliano Ferraris, se enfrentaron con los delincuentes a los tiros, provocando una balacera indisculpable, también calificada de infernal.

El calvario de Carla. Carla, ajena a todo lo que ocurría, de pronto cae herida por una bala que salió del arma que empleaba Salmo en el tiroteo. Esto, fue acreditado por el fiscal de la UFI n° 4 Claudio Pelayo. El proyectil, entró por la espalda, le fracturó la quinta vértebra, lesionó la médula, un pulmón y pasó a medio centímetro del corazón. Carla no pierde el conocimiento a pesar de las gravísimas heridas. Debido a ello, alcanza a escuchar que un policía vociferaba «“ahí va la campana”». De inmediato, comenzó a ser interrogada en el piso, mientras le tironearon de los pelos para «“que confesara”», intentando introducirla, rápidamente, dentro de un móvil policial. Por los libros que Carla sujetaba fuerte entre sus manos, y por el reclamo insistente por una camilla al no sentir sus piernas, fue clave para que la bonaerense se diera cuenta que algo no encajaba. Nadie va a robar con libros en las manos. Evidentemente, se habían equivocado, un grave error habían cometido. Carla era absolutamente ajena a todo. Pero debido a esto y solamente a ello, a tamaña imprudencia policial, Carla quedó parapléjica y depende de su movilidad del uso de por vida de una silla de ruedas. Ahí radica el calvario, allí se inscribe la tragedia.

¿Y ahora, qué hacemos? Ante cualquier «“error”» de sus uniformados, la bonaerense mira para adelante y es entonces cuando se comienza a accionar automáticamente un engranaje perfectamente aceitado. Una clara actitud de cobertura corporativa o de cuerpo, con un fin en común y bien determinado, llamado de «“protección”» o «“encubrimiento”» mediante el ocultamiento o fraguado de pruebas, implícito en ello, el arte de embarrar la cancha. Se corresponde a una estrategia institucional. Y el caso de Carla Lacorte no fue la excepción. Mientras era trasladada al sanatorio le sustrajeron del bolsillo de la campera el boleto de colectivo, en una clara actitud de eliminar la evidencia que justificaba por qué se encontraba Carla en ese lugar. Al día siguiente, como de la galera, mediante un operativo de rastrillaje, por donde no habían pasado los imputados, «“apareció”» un arma sin identificación, cuando aún no se había realizado la pericia balística. Disuadieron a los médicos para que desaparezca la bala policial extirpada de su cuerpo. No llegó a concretarse dado que Carlos bien asesorado, pudo recuperarla anticipándose a dicho accionar. Carlos, es el marido de Carla Lacorte. Contaron con una “ayudita” de los amigos judiciales. El fiscal Pelayo, citó a declarar a Salmo, diez meses después de ocurrido los hechos, mientras que a Carla le tomó declaración estando aún hospitalizada y en estado de schock. Argumentó tener la «“sincera convicción”» de que no hubo conducta dolosa o intencionalidad en el accionar del policía. No viendo motivos o necesidad de realizar las medidas de prueba. El Fiscal General de Quilmes, avaló el accionar policial sin pruebas, declaró, ante los medios locales que «“era peligroso cuestionar el accionar policial y que éste había sido correcto”». Durante aproximadamente dos años, Salmo, siguió prestando funciones en la misma comisaría, con el mismo cargo; llegó al juicio en libertad e imputado por «“negligencia y lesiones culposas”», a pesar de haberse reclamado el procesamiento por «“tentativa de homicidio y lesiones gravísimas”» Antes de que se desarrollara el juicio, los jueces negaron la posibilidad de tal cambio de carátula.

El juicio de la vergüenza. El tribunal estaba integrado por los jueces, Alicia Anache, Armando Topalian y Luis Gil Juliani. Comenzando por los delincuentes, de los cuatro que habían cometido el asalto, fueron apresados tres de ellos y el restante escapó. Por lo tanto Alejandro Herrera y Juan Medrano recibieron penas de 17 años de prisión y Pablo Garro fue condenado a 16 años, por cuatro hechos de robo agravado, resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos. El Código Penal por la cabeza. Cuando llegó el turno del ex oficial de la bonaerense José Ignacio Salmo, dio comienzo en la postura de los jueces y de La Fiscalía, una clara parcialidad. La querella había pedido 12 años de prisión por el delito de «“tentativa de homicidio”», en cambio, La Fiscalía se había «“inclinado”» por solicitar cinco años por el delito de «“lesiones gravísimas por dolo eventual”». También, para completarla, los jueces «“entendieron”» que la bala que salió del arma de Salmo, según distintos peritos, rebotó en un objeto metálico y después hirió a Carla Lacorte, y que debido a ello, el policía no puso en riesgo la vida de terceros. Fue allí, cuando se escuchó: «“Queda acreditado que el balazo que hirió a Lacorte fue accidental”». El policía fue absuelto, y se fue caminando a su casa, convencido de haber sido premiado con un diploma que rezaba en letras doradas: licencia para matar. Carla, en cambio, seguirá en su silla de ruedas reclamando que se haga justicia, alguna vez.

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