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ALCA
Campaña de Reporteros Sin Frontera contra Venezuela
Por Ernesto J. Navarro
Publicado digitalmente: 19 de julio de 2007

Telesur desmontó el informe presentado por la organización Reporteros Sin Frontera sobre el caso Rctv, a través de una treintena de mentiras tendenciosas allí expuestas (*). No obstante, esta organización publica un artículo de opinión en el diario El País de España, bajo el título: Hugo Chávez o el advenimiento de una monarquía mediática. Los autores Robert Ménard y Benoît Hervieu, escriben el 12 – 06 - 2007 lo siguiente… Dejamos el texto íntegro publicado por el rotativo español y lo fuimos desmontando párrafo a párrafo:

Hugo Chávez mantuvo su palabra. El 27 de mayo de 2007, a medianoche, dejó de emitir Radio Caracas Televisión (RCTV) -la televisión más antigua y más popular de Venezuela- oficialmente por falta de renovación de la licencia de emisión, que finalizaba ese mismo día. ¿Simple medida administrativa? No, una artimaña de calendario para una actuación política, anunciada por el propio jefe del Estado. "No habrá más concesiones para ese canal cómplice del golpe de Estado que se llama Radio Caracas Televisión", había advertido el inquilino del Palacio de Miraflores cuando felicitó las Navidades al Ejército, el 28 de diciembre de 2006.

Pero dijo más: escribió la BBC: “(…) Chávez aseguró que no tolerará medios que estén ‘al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional y contra la dignidad de la República’”. (1)

Víctima de un intento golpista que le apartó del poder entre el 11 y el 13 de abril de 2002, Hugo Chávez había intentado a su vez, el 4 de febrero de 1992, un golpe de Estado "bolivariano" que fue rápidamente abortado y del que, por otra parte, en febrero pasado celebró el decimoquinto aniversario. Desde entonces, el teniente-coronel de paracaidistas convertido en presidente se ha cuidado mucho de distinguir entre "golpes" e "insurrecciones populares"; entre "buenos" y "malos" golpes de Estado.

RSF se refiere a Chávez de la misma forma en la que RCTV y en especial Marcel Granier lo hacen: “Teniente-Coronel” y no Presidente de la República.

El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares interpretando el sentimiento nacional, insurgieron contra un Estado entregado a las políticas del FMI y BM, contra un Estado represor. Fue tal la interpretación que Chávez, tras asumir la responsabilidad del movimiento cívico militar, alcanzó la presidencia en 1998 y luego de eso él y las fuerzas políticas que lo respaldan, han triunfado en 8 procesos electorales. La última de ellas, las presidenciales de diciembre de 2006, el presidente Chávez fue reelecto con 7.309.080 votos, lo que representó un 62,84% del total de sufragios. En Venezuela votaron 11.790.397 de personas. (2)

Pero admitámoslo. Sí, Hugo Chávez, presidente electo, fue víctima de un golpe de Estado en 2002. Y sí, ese golpe de Estado fue ampliamente un asunto de los grandes medios de comunicación privados - y entre ellos RCTV- y de una oposición que no siempre tiene muy en cuenta la legitimidad democrática.

No sólo conspiraron, los medios de comunicación en Venezuela, específicamente la TV, coordinaron las acciones del Golpe de Estado de abril de 2002, así como el sabotaje petrolero de diciembre 2002 – enero 2003. Durante esos dos meses, los canales de TV dejaron de transmitir publicidad y durante los cortes de programación, transmitieron 17.600 mensajes políticos presentados en forma de propaganda contra el Gobierno legalmente constituido (3). Mensajes que eran, abiertamente, propaganda política. La televisión y los partidos políticos opositores jamás han reconocido su participación, aunque evidente, en ninguno de los actos desestabilizadores.

Pero, ¿cómo explicar que en cinco años no se les haya abierto ningún procedimiento judicial a esos medios que propiciaron el golpe, ni a sus direcciones?

No es potestad del gobierno decidir a quién se juzga o a quién no. Desde 1999, cuando una Asamblea Nacional Constituyente promulgó el proyecto de Constitución y que fue aprobado mediante referéndum con 71,78% de los votos, (4) el Estado venezolano funciona bajo la figura del penta-poder. 5 poderes independientes que son: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. (5)

Según la ley, para negar a RCTV el derecho a seguir emitiendo durante otros 20 años se requiere una condena judicial por "falta grave". Y eso no ha ocurrido en ningún momento. Primer incumplimiento del derecho.

RCTV fue el canal de televisión más sancionado en la historia venezolana. Citemos sólo algunas de ellas:

Sanciones aplicadas en otros Gobiernos

1976, cerrada por un lapso de tres días. Gobierno de Carlos Andrés Pérez, por difundir noticias falsas y tendenciosas. 1980, cierre por 36 horas por programación “sensacionalista”, cuadro sombrío y relato de hecho poco edificante. Gobierno de Luis Herrera Campins. 1981, cierre por 24 horas, por escenas consideradas “pornográficas”. Gobierno de Luis Herrera Campins. 1984, Amonestada por riduculizar “en forma humillante” al Presidente y su esposa. Gobierno de Luis Herrera Campins. 1989, cierre por 24 horas, por la transmisión de mensajes publicitarios de tabaco y cigarrillos. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez II. 1991, suspensión del segmento "La Escuelita" del programa "Radio Rochela“. Ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez II.

Más recientemente:

2003: Servicio Autónomo Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Reparo Tributario por los periodos fiscales 2001, 2002 y enero 2003, por un monto de Bs. 2.596.281.888,09. A la fecha la empresa no ha cancelado y el caso se encuentra en Tribunal Contencioso Tributario.

2004: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Reparo Tributario por los períodos fiscales correspondientes a los años 1999 al 1er trimestre 2002, por un monto de Bs. 1.494.729.486,00. Sentencia a favor de Conatel. Recientemente Tribunal Superior 8vo. declaró con lugar Resolución Culminatoria de CONATEL

2005: Superintendencia para la Promoción. y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia), mediante Resolución Nº SPPLC/0007-2005, determinó que: RCTV, C.A. y Venevisión incurrieron en prácticas contrarias a la libre competencia tales como: acuerdos o prácticas concertadas tanto para fijar tarifas y condiciones de comercialización para repartirse el mercado. La sanción a RCTV, C.A, fue de Bs. 21.360.723.955,13.

Adicionalmente:

Tan sólo en el segundo semestre de 2006, se contabilizaron 652 infracciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de Rctv (6).

En 2002 hubo tres canales nacionales privados de televisión que poyaron el golpe de Estado: Venevisión, Televén y RCTV. Después, los dos primeros juraron fidelidad a Hugo Chávez, mientras que el tercero siguió manteniendo su línea de oposición. Merced a un gran azar jurídico, Venevisión, cuya concesión finalizaba el mismo día que la de RCTV, consiguió el derecho a seguir emitiendo durante cinco años más. Está claro que existen dos pesos y dos medidas. Segundo incumplimiento.

Los canales de Tv, como dice RSF, no juraron ninguna “fidelidad”. Cifras oficiales difundidas por Conatel, explican cómo se refleja la línea editorial de los canales de tv. Sólo durante el mes de enero de 2007, en sus programas de opinión, Globovisión presentó 59 invitados con posiciones políticas contrarias al gobierno, 7 a favor y 3 que pueden considerarse neutrales. Durante el mismo mes: Rctv presentó 21 opinadores contrarios al gobierno, 0 a favor, 0 neutrales.

Si miramos la prensa escrita durante el mismo enero 2007: el diario El Nacional publicó artículos de 112 autores opositores, 87 neutrales y 6 a favor del gobierno. Mientras que El Universal publicó 214 artículos de opinión contra el gobierno, 89 neutrales y 9 a favor.

El Estado venezolano está en su legítimo derecho de entregar o no concesiones, de renovarlas o no… incluso la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoce “en toda su amplitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de los Estados…”.

El 25 de mayo de 2007, y en menos de 48 horas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el embargo del material de RCTV para dárselo al nuevo canal público Televisora Venezolana Social (Tves), que le sucede en el segundo canal. Pero es que la ley orgánica de telecomunicaciones, del 12 de junio de 2000 -aprobada ya durante el mandato de Hugo Chávez-, establece que el material pertenece a los medios de comunicación, y que sólo las frecuencias son propiedad del Estado. Tercera denegación de justicia. En nota de prensa publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se aclara que la Sala Constitucional, luego de analizar los derechos de los usuarios de los medios de comunicación en el marco de la Constitución y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, estableció que el alcance del deber estatal en garantizar el servicio universal de telecomunicaciones, viene dado por el mantenimiento de una estructura operacional suficiente o adecuada que permita una eficaz “penetración, acceso y asequibilidad”, en el desarrollo de la actividad, entre otros elementos. Además, la Sala Constitucional destacó diversas Resoluciones Ministeriales, tales como la Nº 88 dictada el 7 de marzo de 1969, del Ministerio de Agricultura y Cría, (G.O. N° 28.870 del 10 de marzo de 1969), mediante la cual el Estado Venezolano permitió la instalación de antenas y otras estructuras necesarias para la transmisión en el espacio radioeléctrico en un Parque Nacional con la finalidad de asegurar el ejercicio eficaz del servicio, no obstante de haberse reservado la titularidad sobre dichas estructuras en el caso específico. Disposición ésta que fue reformada parcialmente mediante Resolución Nº 355, del 16 de noviembre de 1973 (G.O. N° 30.259 del 19 de noviembre de 1973), que en su artículo 3 estatuye que: “Las instalaciones que se requieran, serán construidas por Radio Caracas, C.A., a sus únicas y exclusivas expensas. Tanto el terreno, como las torres y construcciones que se instalen, se entenderán propiedad exclusiva de la República y en tal sentido la compañía autorizada, deberá otorgar los instrumentos jurídicos necesarios” (7). Finalmente, la alta jurisdicción venezolana crucificó a RCTV el pasado 27 de mayo al destituir a la magistrada encargada de que se aplicaran las medidas de protección al canal, y a su personal. Cuarto incumplimiento, esta vez del derecho internacional. Porque Venezuela, en tanto que país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), debe atenerse a la jurisprudencia de las instituciones que dependen de ella.

En su informe sobre la no renovación de la concesión a RCTV publicado el pasado 5 de junio, RSF se hace eco de un testimonio que Marcel Granel, desde su propia oficina, les ofreció: “(…) en el momento en que cerramos, el Tribunal Supremo destituye a la magistrada que tenía que hacer aplicar las decisiones internacionales"(8). ¿A qué magistrada se refiere Marcel Granier? RSF, una vez más, crucifica la verdad al reproducir una información sin sustento en la realidad. Recientemente, Hugo Chávez advirtió que eventualmente podría terminar con otras concesiones, antes de la fecha inicial de expiración. El ataque iba dirigido a Globovisión, que ahora es el único canal considerado cercano a la oposición, pero que sólo emite en Caracas y cuatro ciudades de los alrededores. Tras la abierta participación de Globovisión en el Golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, RSF pretende aplicar el eufemismo de “cercano a la oposición” para calificar a Globovisión. A propósito del apoyo que el canal de noticias brindó al gobierno de facto que se instaló en Venezuela, la ancla del canal, Gladys Rodríguez, declaró que “(…) las televisoras estaban arriesgando incluso las concesiones al tirarse ese riesgo de dividir la pantalla con el Presidente de la República, sabían que por ley eso no estaba permitido, se estaban jugando la última carta” (9). Ni entonces, ni luego del sabotaje petrolero, le fue revocada su concesión a televisoras o emisoras de radio. Sin embargo, el Estado tiene el mandato constitucional de velar por la paz de la República y los mensajes de guerra, la incitación al magnicidio y las apologías al delito no están permitidos en Venezuela. Las numerosas reacciones internacionales al caso de RCTV no han hecho más que afianzar al presidente bolivariano en su lógica. Quien le critica es golpista. Quien se opone al cierre de RCTV -incluso entre quienes le apoyan- pretende su caída o su muerte. La invocación del golpe de Estado de 2002 le sirve de coartada para hacerse con el control autoritario del espacio público, y sobre todo mediático. Si con “numerosas reacciones” RSF se refiere, por ejemplo, a la pírrica votación del Parlamento Europeo (10), en la que apenas cuarenta y tres diputados de los 784 condenaron la medida de no renovación de la concesión a RCTV (lo cual equivale a sólo el 5,48% de diputados), entonces el pueblo venezolano, no sólo el presidente Chávez, tendría el fundamento para calificarlos de “golpistas”. No olvidemos que la resolución europea fue promovida por el conservador Partido Popular Europeo del ex presidente español José María Aznar, uno de los pocos presidentes en ejercicio que apoyaron la breve dictadura de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002. RSF, con su silencio ante el blackout informativo de televisoras como RCTV y Globovisión cuando el pueblo reclamaba el regreso del presidente Chávez, pretendió legitimar al gobierno de facto. No es golpista quien opina, sino quien organiza, promueve o protagoniza golpes de Estado.

Ahora, Hugo Chávez cuenta con la benevolencia del principal diario nacional, Últimas Noticias, una veintena de radios, cinco canales públicos de televisión y dos privados. También es el protagonista de su propio programa -Aló Presidente- en el canal estatal Venezolana de Televisión. Dispone, en fin, de poder para requisar todos los medios audiovisuales, radios y televisiones, tanto públicas como privadas, para retransmitir sus discursos íntegros gracias a ese famoso sistema de las cadenas que, entre 1999 y el primer trimestre de 2007, ha utilizado en 1.542 ocasiones. Hugo Chávez ha totalizado 1.000 horas en antena, a las que hay que añadir otras 1.000 horas de su programa Aló Presidente, en el mismo periodo.

80% de los canales de televisión abierta de Venezuela pertenece al sector privado, Los 118 periódicos que circulan en el país, tanto de cobertura regional como nacional, están igualmente bajo el control del sector privado. Lo mismo pasa con la radio, para citar un ejemplo: solamente el circuito Unión Radio, (45) posee más estaciones que la Radio Nacional de Venezuela (42). En el país hay más de 10 circuitos de radio (privados).

Con el cierre de RCTV, ¿Hugo Chávez ha dado un primer paso hacia una "dictadura", como le acusan sus detractores? La realidad es mucho más matizada. Pero, en todo caso, ha ratificado un nuevo modelo de régimen: la monarquía mediática.

La monarquía mediática privada en Venezuela, conformada por televisoras, emisoras de radio y periódicos en manos de un puñado de familias, apenas comienza a democratizarse con el nacimiento de TVes, la primera televisora de servicio público del país.

Ernesto Navarro
Periodista,
Caracas, julio de 2007.


(*) La consolidación de una mentira mediática a través de 39 embustes http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=12810

(1)(http://209.85.165.104/search?q=cache:cxqJ_ZeersAJ:news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6215000/6215575.stm+ese+canal+que+se+llam%C3%B3+Radio+Caracas+Televisi%C3%B3n&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=ve)

(2) http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php

(3) Se estima, según el escritor e investigador Roberto Hernández Montoya y el periodista y profesor universitario Earle Herrera, que RCTV y los prestadores de servicios de televisión Venevisión, Globovisión y Televen emitieron, durante los 63 días que duró el paro petrolero, 17.600 mensajes políticos presentados en forma de propaganda. El Superintendente Nacional Tributario del Seniat, José Vielma Mora, al respecto, aclaró que los montos exigidos por el pago de impuestos derivados de la difusión gratuita de esos mensajes —aproximadamente 2 mil millones de bolívares, en el caso de RCTV— no eran multas o sanciones y estaban apegados a la Ley de Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. "Son reparos a unas donaciones que están dentro del libro de ingresos y ventas de las televisoras. (…) por favor entiendan que éste es un ente tributario y deben pagar sus impuestos", aclaró. http://www.aporrea.org/imprime/a34079.html

(4) (http://www.cne.gob.ve/estadisticas/e012.pdf )

(5) Título V: De la organización del Poder Público Nacional. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(6) Tomado del Libro Blanco sobre Rctv: http://archivos.minci.gob.ve/doc/libro_blanco_RCTV-Web.pdf

(7) http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=4808

(8) http://www.globovision.com/news.php?nid=57555

(9) http://www.youtube.com/watch?v=GVH6xMDTQg0

(10) http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=12075


© (2007) Ernesto Navarro
Todos los derechos reservados.
Para reproducir citar la fuente.

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