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La Haya sobre Bush y Blair
Por El País - España
Publicado digitalmente: 19 de marzo de 2007

Luis Moreno Ocampo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal con sede en La Haya, no cierra la puerta a la posibilidad de investigar en el futuro los crímenes de guerra que hayan podido cometerse desde la invasión de Irak. Pero, por el momento, pese a la multitud de peticiones que ha recibido cuando se cumplen cuatro años de la invasión, el fiscal argentino descarta abrir una investigación con los datos disponibles.

En un hipotético caso, el primer ministro británico, Tony Blair, podría ser imputado al haber firmado Reino Unido el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte. La comparecencia de George W. Bush es más difícil de contemplar de momento. Washington no reconoce la competencia de la CPI y no está dispuesto a extraditar a sus nacionales para que sean juzgados en el exterior.

En unas declaraciones publicadas ayer por el rotativo británico The Sunday Telegraph, Moreno Ocampo recordaba que los países sujetos a las reglas de la Corte "saben que cualquiera que cometa un delito en su territorio puede ser procesado". También urgió a los países árabes, en especial Irak, a firmar el Estatuto para facilitar posibles denuncias contra países occidentales. Si bien hacer la guerra o una agresión militar contra otro país no son todavía un crimen definido por dicho texto legal, la CPI es la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Debe convertirse asimismo en el referente de la lucha contra la impunidad por delitos que afectan a la comunidad internacional. De ahí que el fiscal considere frustrante que el mundo árabe la mire con prevención por creer que favorece con su labor a Occidente.

En febrero del pasado año, el propio fiscal recordaba en un informe que había recibido "unas 240 notas remitidas tanto por particulares como por diversas organizaciones mostrando su preocupación por las muertes derivadas de las operaciones militares en Irak". Después de analizar la situación a la luz del Estatuto, en especial su artículo 15, que exige "una base razonable para creer que se ha cometido un crimen contemplado por la jurisdicción de la Corte", Moreno Ocampo concluía que "en estos momentos, no procede solicitar una investigación sobre la situación en Irak".

A continuación, añadía que esta conclusión "podía ser revisada en virtud de nuevos datos o pruebas". En aquel informe, el fiscal argentino explicaba que no se cumplían las condiciones para abrir un caso, porque el tribunal "tiene competencia para investigar la conducta durante la guerra, no para decidir si la guerra era legal". También explicaba que no tenía jurisdicción para juzgar las acciones de "actores no estatales en el territorio iraquí" e insistía en que, a la luz de los datos disponibles, no había "indicios razonables" de que las fuerzas de la Coalición hubiesen "intentado, destruir total y parcialmente, un grupo étnico".

Jueces internacionales Según explica Moreno Ocampo en la entrevista al diario británico, días antes de la invasión de Irak en 2003, Sadam Husein, su entonces presidente, que fue ejecutado, mostró su intención de adherirse a la Corte, con sede en La Haya. De haberlo hecho, las presuntas acciones punibles cometidas por EE UU en territorio iraquí serían competencia de los jueces internacionales.

El actual embajador de Irak ante Naciones Unidas, Hamid al Bayati, habría indicado que su país analiza la posibilidad de firmar el Estatuto de Roma. Sudán, que es objeto de investigación por parte de la CPI por la matanza de civiles en la región de Darfur, ha solicitado también que se investiguen las acciones de las tropas británicas y estadounidenses en Irak, señala el periódico. Por el contrario, en otros países, como Malaisia, se planea constituir un tribunal alternativo.

El País - España
Madrid, 19 de marzo de 2007.



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