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HERRAMIENTAS

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Reproducción del artículo publicado en el Boletín N° 7 de
Año 1 Nº 7 - viernes 25 de agosto de 2006
 
Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional
La opción por la autonomía
[Artículo de: Derecho del Trabajo, Edit. La Ley, en el mes de julio de 2006 (DT-2006-B, págs. 1014/1026).]
Por Matías Cremonte
Publicado digitalmente: 2 de septiembre de 2006

Introducción

El 1º de marzo de 2006 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 214/06 -de fecha 27.02.06- que declara homologado el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, en reemplazo de su predecesor, que había sido homologado mediante el Decreto 66/99.

Varios aspectos del mismo merecen ser comentados y analizados, incluso sólo desde la óptica el Derecho Colectivo del Trabajo, comenzando, por ejemplo, por la participación plena de las dos organizaciones sindicales con personería gremial en su negociación y firma [1].

No obstante ello, el presente trabajo se propone abordar sólo algunos aspectos referidos al Derecho Colectivo del Trabajo, sin ánimo de profundizarlos sino más bien de enunciarlos, aunque reconociendo que la perspectiva desde la que se aborda el tema pueda impulsar un debate acerca de una característica de la negociación colectiva que comúnmente no es materia de análisis: la disponibilidad colectiva de derechos colectivos.

En efecto, las partes signatarias del nuevo CCT para la Administración Pública Nacional han dispuesto el tratamiento autónomo de una serie de temas que habitualmente son materia de regulación heterónoma.

Por supuesto, el origen de esta peculiaridad debe buscarse a su vez en otras particularidades que hicieron que el Derecho Colectivo del Trabajo en el ámbito del sector público muchas veces transitara por carriles diferentes a los acostumbrados para las relaciones laborales en el sector privado [2].

La existencia de pluralidad sindical indudablemente es su característica más especial, razón por la cual es tratada en un punto específico de este trabajo, a pesar de no ser una novedad derivada del nuevo CCT [3].

Pero probablemente también algunas de sus particularidades deriven de su tardío reconocimiento formal dentro de las relaciones colectivas del trabajo en general, lo que además redundó en un tratamiento especial y diferenciado den­tro del derecho positivo.

Es cierto que prácticamente desde el comienzo del reconocimiento estatal del derecho a la sindicalización, los trabajadores del Estado no han sufrido discriminaciones ni en ese sentido, ni en cuanto a la aplicación de las diferentes normas reguladoras de las asociaciones sindicales. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el derecho a la negociación colectiva.

En efecto, mientras que los trabajadores privados obtuvieron el reconocimiento formal a la negociación colectiva en el año 1953 (Ley Nº 14.250), para los trabajadores del Estado el reconocimiento de este derecho fue muy posterior, y todavía hoy no está plenamente garantizado.

Pudiera afirmarse que con la incorporación del art. 14 bis a la Constitución Nacional, en el año 1957, se garantizó el derecho a la negociación colectiva también a los trabajadores del Estado, pero a poco de andar verificaríamos que se trató sólo de una enunciación, ya que ni se interpretó ni se aplicó de modo tal que así pueda considerarse [4].

En el año 1978 la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) adoptó el Convenio Nº 151 –conjuntamente con la Recomendación Nº 159- “sobre las relaciones de trabajo en la administración pública”, convenio que fue ratificado por nuestro país en 1987 [5].

Luego de ello, en el año 1992 y casi cuarenta años después de sancionada la ley 14.250, los trabajadores del Estado Nacional obtuvieron su ley de negociación colectiva -Ley Nº 24.185-, a la que le siguieron una serie de normas provinciales en igual sentido [6].

Sin embargo, el primer convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de la Administración Pública Nacional entró en vigencia en 1999, y es además uno de los pocos ámbitos de la administración estatal que cuenta con un convenio colectivo, ya que la mayoría de los estados provinciales, aún los que han reconocido formalmente el derecho a la negociación colectiva de sus trabajadores, no han suscripto convenciones colectivas.

No obstante ello –o tal vez justamente por ello- la renegociación [7] de un convenio colectivo de trabajo para la administración pública constituye un hecho trascendente, y no sólo en el ámbito de nuestro país, sino teniendo en cuenta también el desarrollo de este tipo de negociación colectiva en el mundo.

Y en este caso debe adicionársele que en el nuevo CCT las organizaciones sindicales y la representación del Estado-empleador han dispuesto autónomamente derechos colectivos.

A ello nos vamos a referir, más precisamente a dos temas que consideramos centrales del Derecho Colectivo del Trabajo en general, no sólo del sector público. Se trata de la representación directa y los conflictos colectivos.

Sin embargo, antes de abordar concretamente estos dos temas, como ya lo adelantáramos, creemos que dada esta particularidad -no tan conocida ni estudiada por cierto- consistente en la pluralidad de entidades sindicales coexistiendo y ejerciendo pacíficamente derechos colectivos en un mismo ámbito personal y territorial, consideramos necesario efectuar un breve comentario al respecto…

Matías Cremonte

NOTAS:

[1] No obstante haber integrado la Comisión Negociadora, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no había sido suscripto el CCT homologado por Decreto 66/99, por disidencias con su contenido y la forma de su aprobación (ver ponencia de los Dres. Meguira, Cremonte, González y Capurro en el 2º Congreso de Abogados de la CTA “Del Conflicto al Derecho”).

[2] Si por “sector público” entendemos al ámbito comprendido por la actividad desarrollada por el Estado, el “sector privado”, denominado genéricamente, es su contraposición (toda actividad que no sea desarrollada por el Estado).

[3] De hecho es justamente a la inversa: el CCT es especial o particular en gran medida por la existencia de una representación plural en la parte trabajadora.

[4] Al igual que en el primer párrafo, con la expresión “El trabajado en sus diversas formas”, la expresión “Queda garantizado a los gremios” es claramente amplia e inclusiva, por lo que “concertar convenios colectivos de trabajo” integra también a los trabajadores del Estado. En su libro “El artículo nuevo”, José María Jaureguiberry explica que “Cuando nos referimos al derecho del trabajo y de la seguridad social, comprendemos tanto el trabajo manual como al intelectual, al dependiente o al independiente, al practicado por los trabajadores libres o por los trabajadores del Estado y de las distintas empresas y asociaciones” (pág. 32, el subrayado es nuestro). En igual sentido, el Convencional Carlos Bravo (pág. 57 del trabajo citado), expresó que “Los trabajadores de los servicios públicos... gozan del derecho de huelga...”, lo que no deja dudas respecto de la aplicación de todo el enunciado del art. 14 bis a los empleados públicos.

[5] El artículo 7º del Convenio Nº 151 establece que: “Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

[6] Menos de la mitad de las provincias cuentan con una norma que garantice la negociación colectiva para los trabajadores de la administración pública.

[7] Por la cantidad de materias renegociadas se trata de una importante reforma.



Para leer el documento completo…

CREMONTE - El nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para la APN. (14 páginas)



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